sábado, 14 de marzo de 2009

Si es cierto es para preocuparse

Por Paola Donato Laborde y María Martina Goya (alumnas del Taller de PDI, La Plata, 2007)
Desde 2006, la Tecnicatura existe dentro del ámbito universitario y no se desarrolla académicamente. Los interesados deben concurrir a un instituto privado donde pagan un arancel y reciben el título oficial. Numerosas irregularidades están a la vista, aunque nadie parece advertirlas.
La Tecnicatura de Martillero Público y Corredor es uno de los títulos que expide, desde agosto de 2006, la facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales en el ámbito de la U.N.L.P. Sin embargo, la carrera no se desarrolla bajo modalidad presencial y conforme al plan de estudios aprobado, tal como lo dispone la Resolución Nº 997 del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación. Sino que sólo cumple la función de salvaguardar un convenio de articulación entre el Colegio de Martilleros del Departamento Judicial La Plata y dicha Facultad firmado bajo ciertas irregularidades en el 2003.
Esta articulación suscripta por ambas partes establecía el dictado de la Tecnicatura Superior Universitaria de Martilleros Públicos, Corredores y Tasadores. Pero dicha disposición, reglamentada bajo la ordenanza 253/01 del Consejo Superior de la U.N.L.P, no podría haberse concretado ya que no respetaba el artículo 2 que exige que el título expedido se encontrara dentro de la órbita de la Universidad al momento de la firma. De esta manera, tras la creación oficial de la carrera, el convenio cobra validez y permite continuar con el cobro de una matrícula y diez cuotas mensuales de 300 pesos. Así se contradice con el principio de gratuidad tal como lo dispone el artículo Nº 144 del estatuto de la U.N.L.P. Cabe destacar que la creación de la carrera dentro de la Universidad no imposibilita el dictado del convenio.
Una vez oficializada, la Tecnicatura se debería haber implementado a partir del primer cuatrimestre de 2007. Este punto fue una de las cuestiones que se planteó en la sesión extraordinaria del 22 de septiembre de 2005 donde él entonces decano de Derecho, Dr. Carlos Botassi, interesado en crear la Tecnicatura, remarcó que “ésta sería una nueva carrera que tendría su peso específico y que requerirá recursos para llevarla adelante. (…) Vamos a pedirle a la Universidad que los fondos sean incorporados en el presupuesto del año próximo.” Y agregó, “en cuanto al espacio físico en estos días se va a llamar a licitación para realizar ciertas obras en este edificio”. Pero hasta el momento, desde esta unidad académica no se han desarrollado las acciones pertinentes para su puesta en marcha posibilitando así la continuidad del convenio.
Las irregularidades del ConvenioEl convenio establece el dictado de la carrera como una complementación curricular. En la misma, el Colegio se hace cargo de las materias en los dos primeros años, brindando un título terciario, mientras que un tercer año se encuentra a disposición de la Facultad y otorga el de grado. Sin embargo, antes de la creación oficial de la carrera, estos lineamientos en la práctica no fueron tan sencillos. Y es en este sentido donde las irregularidades comienzan a hacerse visibles.
El problema fundamental fue a la hora de expedir los primeros títulos dado que éste no existía dentro del ámbito universitario. En referencia a esto Botassi, en la sesión extraordinaria, resaltó la urgencia de crear la carrera ya que “de lo que se trata es de sanear una situación que puede acarrearle agravios a la Universidad”. Asimismo, continuó destacando que la importancia del surgimiento de ésta era “para registrar el título en el listado pertinente y que podamos otorgar los diplomas a los alumnos que ya han cursado -algunos han terminado hace más de un año- y que están a la espera de los mismos”.
Además, la articulación deja por sentado que es el Colegio de Martilleros quien se responsabiliza de la erogación de fondos para solventar los gastos que dicha Tecnicatura genere; aunque en la actualidad, son los estudiantes los que deben pagar por sus estudios. Nuevamente estos aspectos no fueron resueltos en la práctica tal como lo establecieron. En el artículo Nº 7 de la Ordenanza 253/01, que regula las articulaciones, queda reglamentado que “en todos los casos se asegura la gratuidad de la enseñanza de grado y se atenderá la situación de las instituciones de carácter público”. En este sentido, en la Sesión Extraordinaria, Botassi en su afán de crear la carrera para solventar las irregularidades y con la negativa del Claustro de Estudiantes por ser una Tecnicatura arancelada, prometió “yo, en lo personal, lo aseguro porque, además, arancelarla sería cometer una ilegalidad. No hay una sola línea ni nada que pueda hacer presumir en el proyecto de la carrera que se intenta cobrar una matrícula”.
A pesar de que estas anomalías estaban a la vista, y eran de conocimiento público dentro de los Claustros del Consejo Académico, los trámites burocráticos continuaron su curso y la creación del título dentro de la U.N.L.P se llevó adelante en un corto tiempo. “El año pasado (2006) el Vicedecano de la facultad de Derecho, Dr. Arturo López Akimenco, el Presidente del Colegio de Martilleros Aníbal Fortuna y el Secretario Santiago López Akimenco movieron todo lo que podían mover para que esta carrera saliera a nivel universitario”, destacó Ana María Cipioni, directora del Instituto Superior de Formación Técnica del Colegio de Martilleros y Corredores Públicos, y casualmente, esposa de Arturo, madre de Santiago, según trascendió extraoficialmente.
Sin embargo, estas coincidencias en los apellidos relacionados en los distintos ámbitos involucrados en dicho proceso, no fueron las únicas excepciones. Al momento de la creación de la Tecnicatura por parte de esta Unidad Académica, y aún contando con la desaprobación del Claustro Estudiantil, que se retiró de aquella Sesión, la carrera fue aprobada por seis votos contra uno negativo. Entre los que votaron por la creación de la Tecnicatura, paradójicamente se encuentran los profesores Claudio Castagnet y Carlos Villulla, quienes en la actualidad forman parte del plantel docente del Instituto.
Las excusas contradictoriasCon el consentimiento de la U.N.L.P, el expediente Nº 0100-053452/02 fue elevado al Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología el cual, tras los análisis de rigor, aprobó la carrera y dictó la Resolución Nº 997. En ella cobra validez el título y se decreta que el dictado será bajo modalidad presencial en la Facultad que solicitó dicha demanda. Cabe destacar que en la mencionada disposición se observa un grosso error ya que alude a la Resolución del Consejo Superior Nº 48/02 como aquella que decidió aprobar la carrera. Pero ésta es la que sanciona la reforma del Plan de Estudios de la Carrera de Licenciatura en Sociología; siendo la pertinente a la Tecnicatura de Martilleros la 48/05. De este modo, conforme a lo decretado resulta irrisorio que a través del plan de estudios de Sociología se obtenga el título de Martillero, como así también que nadie lo haya advertido.
Una vez inscripto el título dentro del ámbito universitario las acciones pertinentes para su puesta en marcha aún no han sido visibles. Dado que las reformas edilicias y el aumento de presupuesto que Botassi planteó no se han llevado adelante, como así tampoco llamados a concurso para cubrir las materias. Si se efectúa una comparación, esta carrera podría haber sido puesta en marcha en el término de seis meses, es decir, en el primer cuatrimestre de 2007 dado que, según trascendió, en este año sería aprobada la Tecnicatura en Periodismo Deportivo, a ser dictada por la facultad de Periodismo y Comunicación Social, la cual se estipula que en marzo de 2009 comenzaría a funcionar.
Consultados los diferentes responsables de las áreas involucradas se observan ciertas contradicciones que ponen al descubierto el marco de irregularidad que englobó el proceso, permitiendo continuar con el convenio y en consecuencia con la obtención de beneficios económicos extras. De esta manera, Cipioni, la Directora del Instituto destacó que “la idea es que la Tecnicatura se curse en la facultad de Derecho y que el Instituto quede para postgrados. En la actualidad estamos en un momento de transición y no se puede asegurar si se va a hacer”.
En contraposición, Julia Sannuto, Directora de Articulación de la U.N.L.P se escudó, para no evidenciar los errores cometidos, en que la carrera sólo fue creada a los efectos de la articulación. Sin embargo, en ninguna de las disposiciones, tanto ministeriales como universitarias, se aclara esta cuestión; todo lo contrario, se especifica que es una carrera para ser dictada en la Facultad. En este sentido, defiende la política de convenios enfatizando que estos “no tienen mayor erogación presupuestaria (para el ámbito universitario) porque es a sólo efecto de la articulación”.
En cambio, Rita Gajate, Secretaria Académica de la Facultad involucrada explicó que “una vez que se aprobó el programa se pidió presupuesto y la Universidad ya ha tomado nota”. En la misma línea afirmó que “si la Universidad girara los fondos para solventar la carrera, la articulación no tendría sentido”. Con lo expuesto se evidencia, por un lado que la Universidad plantea que la carrera no va a desarrollarse académicamente y por otro lado, desde la Facultad se asegura que “se irá avanzando paulatinamente en el dictado”. Aunque en la realidad nada de ello ha pasado.
De este modo, se observa como las partes han dado las pertinentes excusas que facilitan el encubrimiento de por qué no se ha implementado la carrera. Aún cuando, en la Sesión Extraordinaria de 2005, Botassi enfatizó que “es la oportunidad de que nuestra Facultad incorpore un nuevo Título”, argumentando que “es una actividad que requiere de una formación jurídica, entonces, entiendo que una Facultad del prestigio de la nuestra no puede negarle a la comunidad su aporte para formar a estos profesionales”. Al contrario, la coordinadora de las articulaciones continuó con su línea de que “las facultades por lo general no quieren tener mas carreras de las que ya tienen porque genera mayor presupuesto, llamar a concurso para los profesores, y demás cuestiones administrativas”.
El valor de la carreraEn la actualidad la carrera se dicta en el Instituto Superior de Formación Técnica, ubicado en calle 1 Nº 671 entre 45 y 46. Dicho inmueble fue adquirido por el Colegio de Martilleros en 2001 y, a partir de ahí, se realizaron diversas modificaciones para su utilidad como establecimiento educativo. Aludiendo al proceso de transición que remarca Cipioni, los alumnos cursan los tres años que requiere la Tecnicatura en esta institución.
Según lo establecido en el convenio, el dictado curricular de los dos primeros años debía estar a cargo del Colegio, siendo el tercero pertinente a la Facultad. Una vez finalizados los dos introductorios años, los estudiantes adquieren el título intermedio de Técnico Superior en Subastas y Corretaje Inmobiliario y aquellos interesados en la Tecnicatura deben presentarse con este certificado en el Departamento de Alumnos de Derecho para terminar sus estudios.
Cabe resaltar que, en la práctica lo que se lleva adelante no es el convenio tal como se firmó en 2003. Dado que este otorgaba el título de Técnico Superior Universitario de Martillero Público, Corredor y Tasador para ser dictado en un año. Sino bajo la figura del convenio, en el Instituto se desarrolla la carrera aprobada por el Ministerio conforme al plan de estudios y al titulo oficial.
En cuanto a la asignación de los profesores que dictan la Tecnicatura también existen versiones encontradas. Para Sannuto, “la designación de profesores es por parte de la Universidad, pero ello no implica presupuesto por parte de ella”. En cambio, Fortuna, el presidente del Colegio, informó que le compete a su institución designar “todo el plantel de 1º y 2º año, y 3º año a la universidad, siendo todos los profesores de Derecho”.
Si bien Sannuto y Fortuna difieren en sus declaraciones en cuanto quien designa el plantel docente, no ocurre lo mismo con que el colegio debe hacerse cargo de las erogaciones pertinentes. De esta manera, para solventar los gastos el Colegio cobra un arancel a los estudiantes, pese a que Botassi, en aquel entonces, haya asegurado lo contrario. Al respecto Fortuna declaró que “nosotros la carrera la damos en tres años, los dos primeros los pagas en tres años”. Así el interesado termina pagando una carrera que podría estar cursándola en una Universidad de manera pública y gratuita.
Con la continuidad del convenio y sin la puesta en marcha de la carrera en el ámbito universitario, el Colegio de Martilleros puede seguir percibiendo una importante cuota que favorece su situación financiera. Resulta elocuente que la facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales ponga en peligro su prestigio sólo para favorecer determinados intereses de un organismo privado. Como así también que ningún funcionario de esta Unidad Académica como de la Universidad, no realice los trámites pertinentes para que la Tecnicatura de Martillero Público y Corredor sea una carrera pública y gratuita, respondiendo así a los principios estatutarios de la U.N.L.P.
La razón legal para la carrera universitaria
La urgencia de crear la carrera universitaria destinada a la formación de los Martilleros y Corredores tiene su justificativo en la sanción de la Ley Nº 25. 028 de 1999. En esta disposición se establece que “para ser Martillero y Corredor se requiere poseer título universitario”. De ahí la preocupación de los diferentes Colegios Departamentales y Universidades Nacionales en obtener una Tecnicatura destinada a esta actividad.
Cabe destacar que la Ley surge para la promoción de profesionales competentes dentro del ámbito inmobiliario y de tasación; intentando sanear una situación de estafas posibles por parte de personas no especializadas que encuentran en este campo un terreno disponible para malos negociados. En este sentido, Aníbal Fortuna, presidente del Colegio, subrayó que la incidencia de chantajes se debió a la ausencia de seguimiento y preparación académica. “Tenemos bien en claro que hay que jerarquizar esta profesión, como todas las profesiones. Y para ello nos preparamos”, destacó.
Dado este contexto el Colegio departamental La Plata decide adquirir el Instituto Superior de Formación Técnica para llevar adelante los estudios de esta nueva Tecnicatura. Para ello, esta institución eligió articular con la U.N.L.P para jerarquizar los estudios y poder otorgar el título universitario. “Estamos muy orgullosos de haber logrado un alcance universitario sobre todo con esta alta casa de estudios”, resaltó el Presidente del Colegio.
Esta es una carrera que ha tomado ascendencia en el mercado laboral por lo cual el Instituto decidió tener vacantes limitadas para la inscripción. Al respecto, Fortuna manifestó “no queremos hacer una fábrica de martilleros”. Desde el 2006 el tope de inscripción es de 120 alumnos, de los cuales sólo 60 consiguen el título universitario. En relación a ello, se enfatizó que “al principio tuvimos inscriptos temerosos de que esto no fuera una carrera. Se ha aceitado muchísimo, no necesitamos hacer publicidad para que vengan a inscribirse, al contrario rechazamos interesados”.
Anteriormente, para ser Martillero y ejercer la profesión se rendía un examen ante un tribunal de alzada, y a través de esa prueba de idoneidad rendida en la Cámara se alcanzaba la habilitación. “Para nosotros era no académico”, afirmó Aníbal Fortuna.
Las cifras del negocio
El convenio firmado en 2003 entre la facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales y el Colegio de Martilleros establecía que sería este último el que se hiciera cargo de los gastos administrativos y académicos que requiriera la puesta en marcha del mismo. Para ello, el Colegio decidió cobrar una matricula y un arancel mensual de 300 pesos a ser depositados en la Cuenta Corriente de la institución Nº 31260/02 del Banco Provincia, Sucursal 2000.En la actualidad concurren al Instituto alrededor de 200 estudiantes; si tenemos en cuenta que la matricula y las 10 cuotas mensuales suman 3300 pesos por alumno, multiplicado por la totalidad se obtiene la cifra de 660.000 pesos por año. Y esta cifra sólo corresponde a una de las cinco promociones egresadas de la institución.Cabe destacar que el plantel docente no supera los 15 profesionales encargados de dictar las materias. Según trascendió, a éstos se les paga 13 pesos la hora, y dado que son 4 horas semanales, su sueldo es de 200 pesos. Al mes, los gastos en los docentes sólo suman 3000 pesos. Estimativamente, se presume que las erogaciones por insumos, y los salarios de la directora, coordinadora, y demás personal administrativo alcanzan 12.500 pesos, que junto a los sueldos de los docentes suman sólo 15.500. Teniendo en cuenta que la recaudación mensual es de 60 mil pesos, de los cuales sólo se gasta un cuarto, el gran negocio de Martilleros queda al descubierto. Como así también, en el tapete, el prestigio de la facultad de Derecho

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