Economía agraria

CÓRDOBA (Fundación Mediterránea). Hace tiempo que se argumentó que los dos principales objetivos de la política de intervención de los mercados agropecuarios y agroindustriales eran
> la contención de los precios internos y
> la necesidad de acumular recursos fiscales.
En un contexto de fuerte deflación de precios internacionales de las commodities, el primero de estos objetivos de política ha quedado desfasado, por lo que todo el andamiaje de intervenciones públicas, particularmente aquella que es instrumentada a partir de los impuestos sobre la exportación, puede justificarse sólo por la necesidad de financiar un Estado que no ha dejado de crecer en los últimos años, en algunas áreas muy justificables (caso de la mayor inversión en infraestructura pública) pero en otras no tanto (caso de subsidios a la clase media y alta), que enfrenta un escenario financiero y económico delicado el año entrante, justamente en un año electoral.
Sólo en este contexto puede entenderse el porqué, a pesar de pronósticos y rumores, el Gobierno nacional decidió no bajar los derechos de exportación sobre la soja. Con esta postura el Poder Ejecutivo ha decidido no resignar recursos fiscales en su relación con el campo.
Lamentablemente, las circunstancias por las que atraviesa la actividad agrícola se han modificado y la renta que generaban los altos precios de las commodities y/o un favorable tipo de cambio, ya no existen más.
No queda otro argumento que el fiscal para explicar el porqué la soja se mantiene gravada con un derecho de 35%.
El porqué el Gobierno decidió bajar la presión tributaria sobre el maíz y el trigo y no sobre la soja, puede tener dos lecturas:
a) la que fundamenta la decisión del Gobierno, aquella que señala la necesidad de aliviar la carga sobre los cereales de forma tal que éstos compitan en mejores condiciones con la soja;
b) la que encuentra en los objetivos fiscalistas la verdadera razón del cambio asimétrico.
La primera posición, la oficial, sería más entendible para el maíz que para el trigo, en función de que el maíz compite más con la soja por la tierra que el trigo.
En los últimos años, el ciclo combinado trigo-soja de segunda ha sido muy utilizado en muchas regiones del país, como el caso de Córdoba.
Y también sería más valorable si los mercados de maíz y trigo funcionasen de forma libre y por ende con precios que ajustan a los cambios en las alícuotas de los derechos de exportación (DE).
Si por el contrario, los mercados de los cereales se siguen interviniendo, tal como ha sucedido en las últimas campañas, especialmente el trigo, la baja de los DE en estos granos tendrá impacto fiscal pero no necesariamente impacto sobre los bolsillos de los productores agrícolas. Esto último dependerá de cuánto trigo o cuánto maíz decida el Gobierno que podrá ser exportado en la campaña entrante.
La posición fiscalista tiene su asidero en cuanto repara en el hecho de que el costo fiscal de bajar un punto de derecho de exportación de soja (y de sus derivados) es considerablemente mayor que bajar un punto de derecho de exportación de maíz o trigo.
En efecto, a los precios esperados y volúmenes proyectados de producción y exportación de cada grano, se estima que cada punto de los DE de soja y derivados le costarían al Estado nacional US$143 millones de recaudación, mientras que cada punto de DE de trigo costará US$8 millones, y cada punto de los DE de maíz costará US$17 millones.
En otras palabras, el impacto fiscal de bajar 1 punto los derechos de exportación de soja es similar al de bajar 17 puntos los derechos de exportación de trigo y 8 puntos los derechos de exportación de maíz.
Hacia abajo
En síntesis, las condiciones internas y externas que enfrenta la actividad agrícola se han deteriorado significativamente.
No hay señales suficientes todavía como para aseverar que la política ha advertido el nuevo escenario y ha modificado sus objetivos de intervención en línea con este último.
Todavía persiste la intención primaria de seguir generando recursos fiscales a partir de la producción de granos y derivados.
Esta política, sustentable en las épocas de “vacas gordas”, corre el riesgo en las condiciones actuales de afectar severamente el proceso de expansión que muestra la producción agrícola en los últimos 10 años.
Adicionalmente, por el tipo de impuesto de que se trata, no coparticipable, la posición oficial lleva al conflicto por el federalismo fiscal a un extremo difícil de sostener en los próximos años